Porte armas de fuego en civiles sigue siendo un peligro latente

Santo Domingo, R.D. El uso, porte y tenencia de armas de fuego en manos de civiles sigue siendo un peligro que acecha y que sigue terminando en tragedia.

La concepción de necesitar y tener un arma de fuego para defenderse “de los delincuentes o rateros” sigue cobrándose la vida de personas inocentes, pero también de otras a las que se les imputa algún delito y no se le permite llegar hasta la justicia para que se le juzgue cuando se trata de algún malhechor. Los sucesos se producen porque dichos artefactos son utilizados en momentos de ira y rabia fruto de alguna discusión, problema o situación.

Casos recientes muestran la realidad. El lunes al mediodía el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, fue asesinado en su despacho por un amigo de infancia, -que es civil- porque el funcionario, presuntamente, le negó un permiso para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas; y el martes, el que fuera encargado provincial del Ministerio de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez, Carlos Juan Rodríguez García, -que también es civil-, se vio envuelto en un hecho todavía confuso en el que, supuestamente, mató a una pareja de esposos e hirió a dos personas más. Junto con esos dos casos se arrastran decenas de sucesos, entre ellos feminicidios y homicidios que ocurren cada día en el país, que son materializados con armas de fuego que la mayor parte del tiempo carecen de documentos.

No es ilegal tener arma cumpliendo

En República Dominicana no es ilegal portar un arma de fuego siempre y cuando el ciudadano tenga 30 años de edad y cumpla con otros requisitos establecidos en la Ley para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados (631-16) y con los parámetros del Ministerio Interior y Policía.

Aunque la referida legislación tiene como objeto prevenir y controlar el uso de las armas por parte de la población civil y las utilizadas por los militares y policías fuera de reglamento, también manda a promover el desarme paulatino de la población, mediante el establecimiento de un régimen jurídico.

Sin embargo, el debate de si se debe desarmar o no a la población, excepto a los policías y militares para evitar sucesos y hechos lamentables, tampoco es algo nuevo. El tema cada cierto tiempo cobra vida, pero se difumina con los días y el tiempo.

Muchos han sido los planes para controlar el problema, pero así como los esfuerzos se hacen, del mismo modo la guerra de las armas en las calles tanto legales como ilegales sigue dándoles batalla a las autoridades que buscan reducir los hechos de sangre, así como los delitos y crímenes a mano armada.

Ya hace un año, específicamente el 6 de junio de 2021, el Gobierno inició el Plan de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” que tiene, dentro de sus componentes, la recuperación de armas ilegales de las calles a fin de evitar hechos violentos y hacerle frente a la delincuencia y al crimen organizado. Este también contempla la entrega voluntaria de armas legales para cuyo proceso, de hecho, se establecieron puntos para esos fines.

Fuente el caribe