La culpa es del Estado

Por: Ambioris Segura

 

Desde hace varios días, luego de las declaraciones ante las cámaras de los periodistas de la provincia  La Altagracia, el abogado de la profesora Marylin Mercedes, quien acusa al hasta ahora "profesor" y presidente de la ADP seccional Higuey Felipe Castillo Arias, de haber falsificado su título de Lic. en  Educación, mención ciencias físicas y matemáticas, de la Universidad Central del Este (UCE), diversos sectores dentro y fuera del gremio acusan a la ADP de apañar está situación, pero la pregunta obligada más allá de la duda razonable y sin previa sentencia de lo irrevocablemente juzgado, que determine la responsabilidad civil y penal del educador sería, ¿de quién es la responsabilidad de este fraude? 

Luego de un análisis, sin dudarlo respondería, "la culpa es del Estado Dominicano". Muchos se preguntarán, ¿por qué es la culpa del Estado?

En primer lugar, la Asociación Dominicana de profesores es el gremio que aglutina los profesionales de la educación del sistema preuniversitario público y privado de nuestro país, sin embargo no es la entidad facultada para certificar, nombrar y acreditar los títulos profesionales de los individuos que a ella se integran.

En segundo lugar, la responsabilidad de graduar profesionales de la educación son las universidades e institutos superiores de formación docente, cuya certificación la avala el MESCYT, quien otorga la legalización de los documentos mediante un proceso entre las universidades y la institución rectora de las IES.

Y en tercer lugar, quién acoge los profesionales para ingresar al sistema público y  obligada a verificar la certificación otorgada por un profesional para validarla, es el Ministerio  de Educación. 

En tal sentido, quién ha sido víctima de posible fraude y la falta de controles en los procesos de ingreso a la carrera docente ha sido la ADP.

El profesor Felipe Castillo tiene el reto de demostrar su inocencia ante los tribunales, donde si es encontrado culpable podría ser condenado entre 5 a 10 años de prisión, de acuerdo a juristas expertos en la materia.

El Estado Dominicano, tiene el compromiso de elevar los controles internos de los profesionales en todo el sentido de la palabra, para certificar la idoneidad de la certificación que avala su profesión.

El autor es docente del Ministerio de Educación.