Los íntimos de Danilo Medina, acusados de corrupción
San Juan de la Maguana, RD. En los últimos meses el círculo más cercano al expresidente Danilo
Medina se ha visto acusado por diferentes casos de supuesta corrupción
administrativa, que hace mención a familiares, amigos y hasta integrantes del
cuerpo de seguridad.
Y ese círculo
se vuelve más estrecho cada día
Los primeros
en ser señalados fueron sus hermanos Alexis y Magaly Medina Sánchez, seguido de
Francisco Pagán Rodríguez, uno de sus hombres de confianza; luego el jefe y
subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el mayor general Adán Cáceres y
el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, respectivamente.
Y la más
reciente es su otra hermana, Lucía Medina, a quien hicieron mención en una
auditoría que realizó la Cámara de Cuenta a la Fundación de la pasada
legisladora, donde se detalla un gasto millonario sin evidencias, ni
“comprobantes justificativos”.
Se trata de la
Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju) que antes se
llamada Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana.
Ambas fueron
mencionadas en la auditoría del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
(Fonper) que presidía la hermana de Danilo.
El documento
también señala que la organización recibió unos 52 millones de pesos, de 53
millones que estaban destinados a proyectos sociales dirigidos a personas
de escasos recursos y que finalmente fueron recibidos por legisladores y
parientes de funcionarios, entre otras personas que no cumplían con los
requisitos establecidos por la normativa de la entidad.
En la auditoría,
en la que se analizan los procesos financieros y administrativos de la
Fundación, se confirma que de 80 millones recibidos entre 2013 y 2018 del
Fonper, $38 millones 250 mil no fueron presentados a la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).
Además, dio a
conocer que el Fonper pagó los viáticos de un viaje realizado por el esposo de
la entonces diputada Lucía Medina, en marzo de 2014.
Edgar Eduardo
Mejía Butten se trasladó a la ciudad de Bostón, Estados Unidos, para participar
en un taller denominado “Workshop de negociación” en la universidad de Harvard,
entre el 23 y 29 de marzo del mismo año.
Los viáticos
por el viaje del miembro del Consejo de las Empresas de Electricidad del Sur
(Edesur) y también cuñado del expresidente Danilo Medina ascendieron a RD $109
mil 116 dólares.
Alexis y
Magaly Medina Sánchez
Ahora
citaremos a otros dos de sus hermanos: Alexis y Magaly Medina Sánchez que
fueron los primeros involucrados en el primer caso de corrupción investigado
por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca).
Este fue
denominado “Operación Anti pulpo” y se inició la madrugada del domingo 29 de
noviembre del 2020 por un equipo de fiscales coordinado por los directores de
la Pepca y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso
respectivamente.
La Operación
Anti Pulpo develó un entramado societario que se valió del tráfico de
influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del
Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario
público.El expediente detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un
conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó
de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo
Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Un día después
del apresamiento de ambos hermanos y otros funcionarios del PLD, ocurrido el
sábado 28 de noviembre, el exmandatario Medina catalogó como un “atropello y
abusivo” la forma en la que fueron detenidos.
Además,
expresó que la actitud que tuvo el órgano persecutor es de “cobardes” y que
tenía la convicción que el tiempo mostraría su inocencia si se acataba el
debido de proceso de investigación.
También fueron
arrestados por ese caso Francisco Pagán Rodríguez, Freddy Hidalgo, Rafael
Antonio Germosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Alejandro, Christopher
Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José
Dolores Santana Carmona.
Acusaciones
Según los
expedientes, Juan Alexis “aprovechó su condición de hermano del expresidente de
la República, Danilo Medina Sánchez”.
“A través del
tráfico de influencias, y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario
entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos, a
todos estos ingresos ilícitos se le quiso dar apariencia de licitud en claras
operaciones de triangulación típica del lavado de activos”, cita el documento
de solicitud de medida de coerción.
Entre las
compañías creadas están United Suppliers Corporation, Watmax dominicana, Surin
Suplay y General Medical Solutions AM SRL, la cual no están vigente en la
actualidad.
Algunas de las
empresas mencionadas ofrecieron sus servicios a instituciones del Estado, entre
estas el Fonper, entidad en la que su hermana fungía como vicepresidenta.
Según la
Pepca, Magaly Medina aprovechó su cargo para favorecer a las empresas de su hermano
Alexis y utilizaba recursos del Fonper para fines políticos, en especial en la
provincia de Santiago y el dinero era supuestamente distribuido entre los
legisladores, alcaldes, dirigentes políticos, periodistas y militantes del
partido.
La exfuncionaria
devengaba un salario RD$326 mil 400 y su sobrina, que se desempañaba como sub
directora del Fonper, Chayli Massiel Rosado Medina, cobraba RD$131 mil 460
pesos mensuales.
Mientras que
su esposo y cuñado del expresidente Medina, Luis Ernesto de León Núñez,
devengaba cerca de RD$1 millón como Administrador de Edeeste.
Proceso
judicial
El primero de
diciembre pasadas las 11:00 de la noche, el ministerio público solicitó que se
declarara el caso complejo y solicitó prisión preventiva como medida de
coerción contra los 11 implicados en actos de corrupción durante la gestión de
Medina.
Días después,
el martes 8 de diciembre de 2020, el entonces juez del juzgado de Atención
Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas, quien ahora pertenece
al tribunal Constitucional (TC), envió a siete de los imputados a prisión,
dispuso arresto domiciliario a tres y dejó en libertad a otro con impedimento
de salida y presentación periódica.
A continuación,
detallaremos:
Prisión
preventiva
Ese 8 de
diciembre en horas de la noche, Vargas dispuso que el imputado Juan Alexis
Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) cumpla prisión
preventiva por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y
Rehabilitación de San Cristóbal.
También el
tribunal dictó la misma medida de coerción para los imputados Francisco Pagán
Rodríguez (que luego le fue variada a prisión en casa en acuerdo con el MP) y
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de
Fiscalización, respectivamente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE).
Igualmente
dictó prisión preventiva contra el exdirector del Fondo Patrimonial de la
Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa, quien fue enviado a cumplir la
medida de tres meses en el CCR San Cristóbal.
De igual forma
el imputado Julián Esteban Suriel Suazo, a quien le fue ocupado un depósito
ilegal de armas, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda,
fueron enviados a prisión preventiva en la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís,
por un periodo de tres meses.
Arresto
domiciliario
Respecto a
Carmen Magalys Medina Sánchez, la otra hermana del expresidente Medina se le
impuso cumplir tres meses de arresto domiciliario con un brazalete en casos
especiales y estar bajo vigilancia del ministerio público. Lo mismo fue
impuesto para Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.
A ambos se les
impuso presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se se
les colocó impedimento de salida del país.
Mientras que
Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, también
cumpliría arresto domiciliario con impedimento de salida del país.
Avance de
investigación
Pero no todo
quedó ahí. Luego de que el caso fuera tendencia por un largo tiempo en las
redes sociales, medios de comunicación y que la opinión pública cursara una
polémica que envolvió al país por las acusaciones y apresamientos de dos
hermanos de Danilo, el proceso judicial continuó su curso y algunas cosas
cambiaron.
Por ejemplo,
meses más tarde, el 9 de septiembre del 2021, la jueza suplente del Tercer
juzgado de la Instrucción Yanibet Rivas, varió la prisión por arresto
domiciliario de Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher y
Julián Esteban Suriel Suazo, quienes ahora son colabores de la investigación.
En esa misma
audiencia, el tribunal otorgó un plazo al ministerio público hasta el pasado 3
de diciembre de este año para que presente la acusación en contra de Alexis
Medina y los demás imputados del Caso Pulpo.
Estatus de
investigación
Tal y como
pautó la jueza suplente del Tercer juzgado de la Instrucción Yanibet Rivas en
septiembre de 2021, dio prórroga de cuatro meses al ministerio público para que
continúe presentando pruebas formales sobre los imputados este pasado 3 de
diciembre.
Sin embargo,
este tiempo fue cumplido y los procuradores no depositaron más acusaciones ante
la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción, Kenya Romero aunque
todavía tienen 10 días más conforme al artículo 44.12 del Código Procesal
Penal.
El procurador
adjunto Wilson Camacho, explicó el retraso en “que aún se están analizando las
últimas informaciones obtenidas” donde figuran las de la Cámara de Cuentas.
“El ministerio
público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que le
llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los
procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos
facilita el marco jurídico vigente”, argumentó el procurador adjunto.
Integrantes de
su seguridad
Otras personas
de máxima confianza del exmandatario incluidos en casos de corrupción son dos
militares que siempre guardaban su espalda durante las actividades a la que
asistía.
Se trata del
mayor general Adán Cáceres quien fungía como jefe del Cuerpo de Seguridad
Presidencial de Danilo Medina y el general de brigada Julio Camilo de los
Santos Viola, subjefe de seguridad. Ambos fueron apresados en operaciones
anticorrupción desmanteladas por el ministerio público.
Adán Cáceres
Cáceres es el
principal acusado de “Operación Coral” que se inició el 24 abril con 27
allanamientos simultáneos en diferentes provincias del país.
A este se le
acusa de liderar una supuesta red de corrupción que también incluía la pastora
Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán,
el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el
sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Durante una de
las de audiencias el ministerio público afirmó que la relación comercial entre
Guzmán y Núñez de Aza empezó en 2006 con la creación de la empresa Inverosa,
donde la pastora tenía el 85 por ciento.
También
afirmaron que la misma continuó con la fundación de Único Real Estate S.R.L.,
que a su vez fue constituida como base de la empresa CSNA, que está bajo el
nombre de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.
El objetivo
del entramado era ocultar los presuntos bienes ilícitos adquiridos por los
imputados, para ser posteriormente introducidos al mercado, a través de Único
Real Estate.
Las empresas recibían
cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares
subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y
vehículos de motor a favor de los imputados.
También
cobraban cuotas a militares y policías para mantenerlos al frente de terminados
puestos en el Cusep y en el Cestur cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y
los 70 mil pesos.
Prisión
El 10 de mayo
de este año la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva contra
Adán Cáceres y todos los demás implicados en el caso: el teniente coronel de la
Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora,
Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz, que la
cumplen en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.
Mientras que
en el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez cumple prisión en penal Najayo
mujeres.
En julio y
posteriormente en octubre el tribunal ratificó la medida de coerción de 18
meses de prisión preventiva luego de que la defensa de este presentara dos
recursos de apelación.
Julio Camilo
de los Santos Viola
Este pasó a
liderar el equipo de protección de Danilo Medina una vez el general Adán
Cáceres fue apresado, siendo el segundo uniformado más cercano al expresidente
en caer en manos de la justicia.
Santo Viola
fue apresado en noviembre como parte de los implicados en la Operación Coral 5G
que se desglosa de la Coral.
La red que
estaba supuestamente dirigida por altos mandos militares de diferentes cuerpos castrenses
operaba mediante un entramado delictivo que se manejaba dentro del CUSEP y del
Cestur bajo un esquema piramidal, basado en el reclutamiento de militares de
otras instituciones, según ha señalado el Ministerio Público en su
investigación.
Según el
ministerio público los agentes eran seleccionados para ser reclutados e
integrados a las nóminas con salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales,
monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos
militares que tenían la autorización de quedarse con 2 mil pesos o hasta 10 mil
pesos.
Todo el dinero
era recolectado por otros miembros que pertenecían a la red y lo entregaban a
otros para que sean distribuidos entre un grupo reducido de personas.
La jueza Kenya
Romero del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional separó al
general Juan Camilo de los Santos Viola del conocimiento de la medida de
coerción luego de que su defensa argumentara que la magistrada emitió las
órdenes de arresto contra los imputados y se auto designó para conocer la
medida de coerción, lo que han considerado como “improcedente”.
Mientras que a
los otros 12 implicados se le conoció la medida de coerción con petición de 18
meses de prisión preventiva, con los generales Juan Carlos Torres Robiou y
Boanerges Reyes Batista como principales cabezas.
Otros
implicados son el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los
coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara,
Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez
(FARD).
También, el
teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario
Pirón (PN); el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix
Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Francisco
Pagán Rodríguez
Pagán era otro
funcionario muy cercano a Medina, tanto así que fungió como director general de
la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) desde el 3 de agosto de 2015
hasta que finalizó el segundo gobierno de Danilo Medina en agosto de 2020.
De acuerdo a
las investigaciones de la Pepca, Pagán recibía visitas de Juan Alexis Medina a
la Oisoe hasta tres y cuatro veces a la semana y hasta se le consideraba más
poderoso que el director de la institución.
Este guarda
prisión domiciliaria luego de que fuera variada su medida de coerción por
colaborar con el ministerio público durante la investigación.
Mientras las
investigaciones avanzan más se estrecha el circular cercano a Danilo Medina al
tiempo que el ministerio público insiste en que los corruptos seguirán cayendo.
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